SD. Juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil rechazaron ayer la acción de los diputados, quienes el pasado martes modificaron el proyecto de ley de salarios, para excluirse del artículo 26, que prohíbe la concesión de beneficios e incentivos a todo funcionario o empleado público por resultados de gestiones administrativas inherentes a su función.
A los congresistas se les paga para legislar, mediante la asistencia a sesiones, empero, adicional, reciben dietas y viáticos por hacer su trabajo. Precisamente, esos beneficios fueron los que decidieron preservar el pasado martes.
Para el experto en derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huerta, lo que hicieron los diputados "es una aberración histórica", que muestra su falta de sentido común, ya que la Constitución proscribe ese tipo de aspectos que vayan a la creación de ventajas de carácter personal. "Se trata en consecuencia, de una violación clara y flagrante de los mandatos de la Constitución", puntualizó. LEER MAS>>
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